En nombre del amor, promueven discursos de odio

Prácticas Periodísticas se une al repudio de este evento por su alto contenido disriminatorio y que violenta numerosos derechos humanos por realizar apología al odio hacia las mujeres y por motivos de orientación sexual e identidad de género.

En nombre del amor, promueven discursos de odio.

La colectiva Ni Una Menos ha expresado en su repudio que el discurso violento atenta contra numerosos derechos humanos, e incita la discriminación y la patologización de las mujeres y personas LGBTI+. Desde lo discursivo se edifica una realidad que legitima y promueve la violencia contra estos grupos cuyas expresiones máximas son los femicidios y transfemicidios. La misoginia, la misotrans, la lesbofobia, la homofobia, entre otras formas de violencia que se expresan en estos discursos no pueden permitirse y constituyen un límite a la libertad de expresión.
La libertad de expresión, consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos, implica deberes y responsabilidades para quien se expresa. El deber básico fundamental es el de no violar los derechos de los demás al ejercerla. La obligación de impedir la apología del odio constituye uno de los tres mecanismos que imponen restricciones a esta libertad fundamental en toda sociedad democrática.
Los Derechos Humanos deben ejercerse respetando los demás derechos, y en ese proceso de armonización el Estado juega un rol crítico. No basta que los Estados se abstengan de violar derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas para la protección de los mismos. Esta obligación del Estado de intervenir es particularmente exigible cuando hay grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas LGTBI y el colectivo de mujeres.
Tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aseguran específicamente a las mujeres y a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI el derecho a vivir vidas libres de violencia y discriminación. En nuestro país, diferentes legislaciones reconocen y consagran estos derechos:

-Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios (1998). Señala cuales son los actos que constituyen discriminación, siendo aquellos que impiden, obstruyen, restringen o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.
-Ley Nacional 26.150 Creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(2006): tiene entre sus objetivos principales asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, entendiendo a esta última como la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
-Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. En su artículo 5 se define la violencia simbólica como aquella en la cual “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos y signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
-Ley 26.657 Ley Nacional de Salud Mental. (2010): En su artículo tercero inciso c) sostiene que en ningún caso se puede patologizar o hacer diagnóstico a una persona basándonos en su elección o identidad sexual.
– Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010) reconoce y refuerza la igualdad constitucional ante la ley, otorgando a las personas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio.
– Ley 26.743 de Identidad de Género (2012) que en su primer artículo entiende que toda persona tiene derecho: al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a la identidad de género. Por su parte, el artículo segundo de esta misma ley define a la Identidad de Género como una vivencia interna e individual tal como cada persona la siente, la cual puede como no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Esta situación vulnera el derecho que tienen todxs lxs educandxs al acceso a una educación sexual integral que respete la diversidad y con perspectiva de género. El daño que los discursos de odio genera en las subjetividades de las y los jóvenes del colectivo LGBTIQ es irreparable, y más si los mismos se encuentran legitimados en el marco de instituciones que cumplen roles educativos.

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